Respeto a la revolución de las motos

Los fabricantes de motos en el planeta descubrieron que la gente de menores recursos podría tener su propio vehículo. Y de ahí las motos irrumpieron como una bomba en el mercado internacional. Las motocicletas se han convertido en un  suceso social sin antecedentes.

Las motocicletas están invadiendo los países menos desarrollados de buen clima y ofrecen oportunidades de ascenso social, de mejoramiento de ingresos y de movilidad cotidiana económica y rápida a los sectores menos pudientes.

El crecimiento de las motos en Colombia ha sido desmesurado. Mientras en el año 2000 circulaban en Colombia 1.123.764 motos, en 2011 hay cerca de 2.950.000 motos. Según investigación de la Universidad de los Andes, en el 2015, tendremos 4 millones de motos; en el 2020 habrá 5.920.000 y asi hasta el 2040 cuando se prospecta tener 13 millones de motos.

Mientras que en el año 2003 se vendieron en todo el territorio nacional 89 mil motos, en el 2004 la cifra aumentó a 150.943; en 2008 se vendieron 460.000 motos, ¡cifra histórica!; y en 2010 llegó a 248.741.

Colombia va camino a tener mas motos que carros! Es un trastocamiento histórico.

La Motocicleta pasó de ser artículo de lujo y de deporte, a ser instrumento de trabajo, o de medio de transporte, o de sistema de movilidad familiar o de jerarquía social. Hoy el 99% de las motocicletas se destinan a alguna actividad productiva y solo el 1% se destina a lujo o deporte. De ese 99%, el 40% de las motos sirven a sus propietarios para aumentar sus ingresos familiares, y el 52% para abastecer su propio transporte o el de su familia.

Un asunto interesante es ver quienes son los dueños de las motocicletas. El 91% de los propietarios ganan menos de tres salarios mínimos. El 20% de los propietarios gana menos de un salario mínimo; y el 67% gana menos de dos salarios mínimos. Casi el 95% de las motos en los estratos 1,2, y 3.

En condiciones normales, se estima que quien se moviliza en una moto ahorra 20 horas mensuales en relación con quienes se movilizan en vehículos.

El bajo precio de las motos impacta también el transporte público urbano. Se estima que una familia con moto ahorra hasta $200.000 mensuales en transporte público. Estudios internacionales indican que por cada moto que ingrese al mercado, el transporte público pierde dos pasajeros. Y como cada pasajero hace en promedio 2.5 viajes por día, por cada moto en la calle, el servicio público del transporte pierde 5 viajes dia. En particular, el número de viajes día en transporte público ha disminuido en las ciudades impactadas por las motos.

La motos cambiaron los hogares colombianos: El 15.1% de los hogares tienen motos. Bogotá es la menor con 5.7% pero en Antioquia el 17.3% de los hogares tienen moto. En el Valle del Cauca el 22.8%; en la zona Oriental el 15%; en la zona central del país el 20%; en el Atlántico el 15.3% y en San Andrés y Providencia el 34%!.

Las motos impactan favorablemente el empleo. Se estima que la industria de las motos produce en Colombia 1.267.300 empleos directos e indirectos. Esto la coloca en lugar palpitante de la economía. En solo mensajería y domicilios en motos se generan 800.000 empleos directos.

Estos datos tan impactantes ordenan que la Revolución de las motos no se puede ignorar. El fenómeno de dos ruedas debe hacer parte de la agenda del gobierno nacional y de los alcaldes y gobernadores. Hasta ahora el Estado no ha dado respuesta satisfactoria al desafío que impone diluvio contemporáneo de motos. Las motos no son plagas malignas como se les quiere tratar. Las únicas respuestas al fenómeno han sido restricciones y discriminaciones; y esa, no es ninguna solución.

Hay muchos problemas. Alta accidentalidad. Deterioro de la convivencia entre vehículos. Disminución de la velocidad de la ciudad. Deficiente capacitación de conductores. Y, ante todo, una falta de reconocimiento al motociclista como parte vital de la vida urbana que merece respeto y soluciones.

Urge obligar a capacitarse antes y después de obtener el pase y la moto. Solo el 14% de los motociclistas toman curso de aprendizaje en alguna escuela de conducción, el 86% aprende solo. El gobierno debe ser muy exigente con la capacitación para motocicletas.

Asimismo, la Ciudad tiene que construir carriles solo para motos. Mientras no se construyan nuevas vías, cualquier solución es inútil. Las ciudades han aumentado en siete años dos millones de motos, y ningún gobierno local ni nacional ha ofrecido un sistema vial que le de un trato digno al motociclista. La incapacidad de dar soluciones se expresa solo en decretos llenos de restricciones que hacen ver al motociclista como un paria urbano .

La revolución de las motos espera soluciones dignas en todas las ciudades de Colombia. Medidas que respeten la dignidad del motociclista y sus derechos constitucionales como la libre circulación, la igualdad, el derecho al trabajo, el respeto a quienes usan la moto como medio de subsistencia o de movilidad familiar. Hasta ahora sólo se toman medidas que indignan y que reflejan incapacidad y desconocimiento de la magnitud de este fenómeno del siglo 21. Si los mas pudientes tienen su carro, los menos pudientes tienen su moto. Y merecen buen trato y espacios de movilidad dignos.

Marzo 27, Día del Teatro

Entrevista en RadioSuper Medellín

Día del Locutor

Entrevista en La Barbería

Entrevista en el programa La Barbería de CableNoticias con William Calderón de la Barca.

15 de marzo, Día del Consumidor

Por una Medellín siempre despierta al progreso

Felicidades a todos los constructores en su día

Feliz día para todos aquellos que ven más allá de las piedras y ladrillos que construyen sueños y esperanza, haciendo de sus obras una gran realidad.
Felicidades a todos los constructores.

La verdad sobre las Bacrim

La verdad es la primera estropeada en los conflictos. Sobre la desmovilización y el nacimiento de las Bandas Criminales en Medellín y en el País, la verdad hay que reconstruirla.

La manera equivocada como se manejó el posconflicto de los desmovilizados, fue la semilla para el nacimiento y prosperidad de las Bacrim.

En 2003, la  desmovilización de 900 combatientes del Bloque Cacique Nutibara, se hizo con tres exigencias de parte de la alcaldía de ese entonces. Asi quedó establecido en el Banco de Proyectos y en las actas de Consejo de Gobierno que son documentos públicos: 

Una. Que los desmovilizados trabajaran de tiempo completo en labores que la Alcaldía les definiera en actividades públicas. Dos. Que estudiaran los sábados Y tres. Que se presentaran a una inspección municipal los domingos para reportar sus actividades de la semana o sometieran a ayudas de profesionales en resocialización con sus familias.

Cada Secretaría e Instituto Descentralizado dejó consignado los empleos de choque que ofrecería. El INDER para mantenimiento de escenarios deportivos. La Secretaría de Educación para sostenimiento de infraestructura escolar. El Hospital General para lavandería. Y así, hasta Telemedellin vinculó ayudantes de camarógrafos.

El propósito era mantenerlos ocupados en la legalidad, reeducarlos y hacerles sano seguimiento para que se transformaran en ciudadanos de bien.

Si hubo desmovilizados falsos, la Alcaldía no tiene argumentos para negar o apoyar esa hipótesis, pues ese fue un acuerdo del Consejero Nacional de Paz con los Jefes Paramilitares en Ralito. Si hubo desmovilizados falsos, ese es otro delito y otro engaño que los ilegales le hicieron al país.

Pero sí sucedieron muchas acciones que permanecían ocultas, sin la verdad.

Según El Espectador, en noviembre de 2003, Alonso Salazar sin tener ninguna investidura oficial, y en contra de la voluntad del Consejero de Paz, se reunió con Don Berna en la clandestinidad pues “Don Berna no se había desmovilizado él ni su aparato paramilitar”. No se conocen los acuerdos de ese encuentro. Lo cierto es que en 2004, cuando se posesionó como Secretario de Gobierno de Medellín, Salazar cambió radicalmente la estrategia de darle empleos de choque a los desmovilizados, por la de regalarles del dinero público $400.000 mensuales por tiempo indefinido, sin hacer nada, vagando. Eso convirtió a Medellín en el territorio favorito para los desmovilizados. Medellín se llenó de desmovilizados de todo el país: 4.300 llegaron.

El dr. Alonso Salazar dice que el Alcalde de ese entonces, Luis Pérez, mintió porque no le dejó en el cajón del escritorio $20.000 millones para repartir a los desmovilizados. Así es el estilo de mal gusto como se expresa el Alcalde, proveniente de su ignorancia de lo que es un presupuesto público. Todo programa del Banco de Proyectos se ejecuta con el presupuesto del respectivo año. Los paramilitares y Salazar creyeron que había $20.000 millones en efectivo, para usufructuarlos y derrocharlos, guardados en una caleta, como si el Estado fuera una sucursal de las mafias o de los ilegales. Nadie podía ofrecer esa suma a los desmovilizados. Salazar inventa una hipótesis falsa para calumniar, ofender y buscar camorra; y quizás para ocultar las verdades de sus relaciones con jefes paramilitares, que cada día parecen más evidentes y lo ponen más nervioso. El alcalde se ve muy nervioso. Tan SÍ hubo presupuesto, que durante seis años, la Alcaldía, con dinero público, regaló a los desmovilizados $500.000 mensuales, sin tener que trabajar, y además, la Alcaldía hizo millonarios contratos con la Corporación Democracia y con otras entidades sin ánimo de lucro cuyos “dueños” eran desmovilizados. Todo eso está ahí, en documentos. 

Organizadores de los multitudinarios Desfiles de Paz en Medellín los meses de noviembre, decían que esos desfiles se organizaban mediante una unión temporal clandestina de la Alcaldía y Don Diego Fernando Murillo, Don Berna. Cada uno aportaba su parte.

El Alemán acaba de decir que Salazar y Fajardo visitaron Villa Esperanza, donde estaban todos los jefes paramilitares, para hacer proselitismo. Otra más, y la verdad a medias.

Otra. El Dr. Luis Carlos Restrepo, Consejero Presidencial de Paz, (El Espectador) dijo que se distanció de los procesos de Paz de Medellín porque el Dr. Alonso Salazar y Sergio Fajardo le “entregaron todo el protagonismo del proceso de Paz a  Job y a Don Berna”. 

Y otra. La Revista Semana (Marzo 14 de 2011) transcribe que el Tuso Sierra quien dijo que en el 2004, los Grandes Jefes Paramilitares visitaban a los desmovilizados en la Ceja, en forma clandestina y con la complicidad de la Alcaldía y la Gobernación usando carros oficiales y chalecos oficiales para que nadie los reseñaba. Y dice que la Alcaldía de Medellín congeló las licencias de juegos de azar y solo las entregaba a los jefes paramilitares.

Y asi, de una manera oculta pero pública, los desmovilizados se empezaron a dedicar a actividades non sanctas y prácticamente quedaron a órdenes de los jefes paramilitares, quienes al mismo tiempo les entregaban salario adicional por su trabajo en actividades de “colaboración”. En 2005, Sergio Fajardo dijo que más del 10% de los desmovilizados seguían delinquiendo, pero NO les quitó el auxilio mensual. En 2009, expertos en violencia urbana y, aún, el líder nacional de los desmovilizados, aseguraron a los Medios que el 70% de los desmovilizados seguían delinquiendo y al mismo tiempo recibiendo dinero público regalado.

Y así la Autoridad como virtud de la democracia se fue debilitando ante la criminalidad. Los Desmovilizados parecían representar al mismo tiempo la legalidad de la Alcaldía en forma visible y la ilegalidad de manera oculta. Y para acabar de ajustar, la Alcaldía de Medellín en 2008, creó el programa Jóvenes en Riesgo y a cada persona que entregaba un arma ilegal le asignaban un regalo mensual de $400.000 pesos por tiempo ilimitado, y además lo indultaban porque la Alcaldía se comprometía a no investigarlos. Y así, con dinero público se pagaba un nuevo ejército ilegal de jóvenes en riesgo de cerca de 1.200 personas. 

En 2009, se descubrió que gran parte de los de Jóvenes en Riesgo seguían delinquiendo y que con el dinero público sagrado y regalado modernizaron las armas y los combos. (Ver El Mundo). Y se tuvo que suspender ese programa. Una verdad que tampoco se ha hecho pública.

Durante seis años, la Alcaldía de Medellín llegó a sostener un ejército de casi 5.500 militantes pagados con dineros públicos, la mayoría delinquiendo y a ordenes de jefes en la ilegalidad. Más de $25.000 millones al año de dinero público se regalaba, sin darse cuenta, que era para aceitar la violencia.

5.500 jóvenes recibiendo dinero mensual gratis de parte del Estado y a disposición de los jefes ilegales, fue la semilla para el nacimiento y crecimiento de las Bacrim. 

En Medellín el delito se multiplicó a ojos vistos. Se multiplicaron las casas de venta de droga, tiene hoy cerca de 700, que deja cada una un promedio de $700.000 diarios. Las vacunas a transportadores de $30.000 pesos diarios, generan casi $150 millones por día a los ilegales. Se vacunan a las viviendas. Se cobran $5.000 semanales a educadores para poder dictar sus clases. Los comerciantes tienen que pagar vacunas. En fin el delito se convirtió en empresa. Cada vez, más gente vive de la ilegalidad. Los grandes  capos se quedan con los negocios ilegales más grandes; y los demás negocios de acuerdo con su tamaño, los tienen los combos de acuerdo también a su poderío. Y lo peor, el territorio público se ha vuelto propiedad privada de los delincuentes. Pasar de una calle a otro es un delito mortal, y quien lo haga sin permiso puede ser asesinado. Y muchas bandas utilizan las torres de energía oficiales para señalar el territorio ilegal que controlan; esa señal es una advertencia que quien lo viole es un agresor.

Jaime Jaramillo Panneso, ilustre líder de la paz en Antioquia, en su escrito: El Señor Imparable, dice que Alonso Salazar para defenderse de las acusaciones de Don Berna “dedicó su tiempo y el mazo del poder municipal a perseguir a los desmovilizados. Desde ese mismo momento sembró la semilla de la renacida violencia urbana”.

Ahí están las Bandas Criminales destruyendo la legalidad de la ciudad. Si a cada desmovilizado, si cada joven en el conflicto, con ese mismo dinero, se le hubiera dado un empleo, si los hubiésemos puesto a trabajar, hoy no existirían las Bacrim. El empleo, el trabajo digno, es la mejor vacuna para que los ilegales vuelvan a la civilidad.

El trabajo infantil perpetúa la pobreza

La Sociedad es tolerante con causas ilegales que no nos dejan progresar. El trabajo infantil es una de esas actividades con las que la sociedad es complaciente, aun sabiendo que prolonga la miseria y la inequidad.

La Constitución y la Ley prohíben el trabajo infantil. Como muchas cosas en Colombia, lo ilegal es aceptado a ojos vistos. A la ilegalidad del trabajo de los niños, están atados el odioso maltrato y explotación infantil.

Según el último informe del DANE, en Colombia hay 1.628.300 niños entre 5 y 17 años que trabajan. De ellos, 786.567 laboran 48 horas o más y 841.773 trabajan en el hogar más de 15 horas. El 46,7% de los niños que trabajan lo hacen porque la familia no tiene ningún tipo de ingresos. El 16.8% labora más de 48 horas semanales. Y el 33.4% trabajan entre 48 y 25 horas.

Un menor que trabaje será un adulto sin futuro y lo acompaña la ignorancia. La mayoría de los niños que trabajan, no van a estudiar; de los menores que laboran en el campo, el 80% no va a la escuela. 

A los niños que trabajan, la miseria los rondará de por vida. El trabajo infantil perpetúa la pobreza de una sociedad. 

Y las frustraciones del infante lo acompañaran de por vida. Un niño que trabaja nunca fue niño. Y con el tiempo, pierde la alegría y la felicidad que es un derecho de los infantes. El trabajo infantil priva al niño de su niñez, no vive a plenitud la vida y la libertad propias de un infante. El Menor que trabaja lleva un dolor invisible, que lo acompañará toda la vida, por no poder haber tenido la felicidad  que le corresponde a cada niño en este mundo.

A los niños pobres los asedian todos los ilegales. Los grupos armados ilegales desde tiempo atrás ven en el reclutamiento de los niños una fuente de mano de fuerza barata y de excelente calidad para la violencia.  Las redes de pornografía y explotación sexual están al acecho y los esclavizan con dinero, alcohol y drogas. Las redes internacionales de tráfico de drogas los envician y los utilizan para el transporte y comercio de droga. En los colegios los jibaros menores abundan porque no se distinguen de sus compañeros.  Los delincuentes ven en el menor la impunidad y los inducen a cometer delitos para ellos excarcelables. Y muchos padres, desesperados por la falta de ingresos en la familia, los utilizan para que trabajen en lo que resulte.

Oigan esta cifra. El 37.6% de los infantes que trabajan no reciben ninguna remuneración, explotación pura. 842.000 menores, especialmente niñas, realizan labores de hogar permanente que no les permite estudiar ni formarse. 

Una nota importante. Cuando se habla de equidad de género no se puede ignorar una causa certera de inequidad, pues de los cerca de 846.000 menores que trabajan más de 15 horas semanales en oficios de hogar, el 77% son mujeres. Desde allí nace un severa inequidad de género.

El reclutamiento de los menores para la guerra es dramático y no termina. Unicef y Human Rigths Watch calculan que serían entre 8.000 y 11.000 los menores reclutados por paramilitares y guerrilleros. Pero el Tribunal Internacional sobre la Infancia asegura que habría más de 14.000 infantes reclutados por paras y guerrillas. 

En la ciudad de Medellin, según cifras del Ministerio de la Protección Social, trabajan 60.023 niños entre los 5 y los 17 años. De ellos, el 40 por ciento no asiste a la escuela. En Bogotá hay 106.883 niños trabajando. En Cali  67.288. En Barranquilla 48.475. En Bucaramanga 28.307 En Cartagena 26.513.

Mientras se tolere el trabajo infantil de niños y niñas, se acentuará la cadena de la pobreza y nunca se superará la inequidad.

Es urgente crear un ambiente de legalidad propicio para que todo niño y niña se desarrolle hacia el progreso individual y de la sociedad. Si, que un niño que trabaje es ilegal, y tenemos 1.6 millones de menores trabajando y violando las normas, no solo seguimos el camino de perpetuar la pobreza y la inequidad, sino también, que estamos construyendo una cultura de la ilegalidad que se puede carcomer la institucionalidad. Si lo ilegal vale, estamos perdidos.

Respecto a los empleos para los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara

Feliz Día de la Mujer

¿Dónde habitan los delincuentes?

Las ciudades se están volviendo más importantes que el estado mismo. La concentración de la economía y la urbanización en las ciudades, las vuelve el corazón de la nación y un símbolo de progreso para la gente. Por eso, todos reclaman el derecho a venirse a la ciudad. 

Y los delincuentes no se quedan atrás. Ven que el negocio del delito es próspero en las ciudades, donde el segmento de mercado para sus fechorías es ilimitado. Y ya prefieren las ciudades.

Para ser prósperos en su ilegalidad, los delincuentes imponen tres estrategias que les permite actuar con comodidad en el espacio urbano: la violencia, el pánico y el miedo. Donde estas estrategias, que atemorizan y silencian a la ciudadanía, son exitosas los delincuentes empiezan a salir de sus madrigueras y pasan a habitar espacios más visibles para expandir su criminalidad.

Los delincuentes habitan donde no hay autoridad. Donde muere la autoridad, o donde la autoridad se vuelve débil, los delincuentes progresan, engordan y actúan a ojos vistos.

Los delincuentes habitan en los lugares donde no se sientan perseguidos, aunque por allí se pasee ocasionalmente la policía y las autoridades. Los ilegales habitan donde encuentran connivencia con sus fechorías.

A los delincuentes les interesa una ciudad de desplazados, de vagabundos; una ciudad nómada, atemorizada, sin cohesión social. Por eso, cada desplazado urbano o intraurbano, es un éxito para la ilegalidad. Los delincuentes empujan hacia el nomadismo urbano porque les gusta habitar en las ciudades nómadas.

En una sociedad dominada por el pánico y por el miedo, el ciudadano no confía en las autoridades, considera un riesgo personal alertar a la policía, y prefiere protegerse con su propio silencio. Y sin la ciudadania, la policía se va degradando cuando se distancia de los ciudadanos de bien porque aumenta el riesgo de acercarse a los ciudadanos del mal. Los delincuentes habitan donde logran un distanciamiento entre el ciudadano de bien y la policía.

La falta de autoridad es un imán para los delincuentes. El miedo de la gente es otro imán para atraer a los delincuentes. El miedo nace de no sentirse protegido por las autoridades y del creciente espacio que los ilegales logran en la ciudad. Como en la antigua polis griega, el ciudadano debería cumplir funciones de alerta policial, pero como la gente esta dominada por el miedo y por el pánico, el silencio forzado le impide cumplir esa función.

Ante tanta ilegalidad y ante poca autoridad, la ciudadanía se torna connivente con bandas y delincuentes. La actividad ilegal se hace a ojos vistos pero nadie denuncia porque no hay garantía de que las autoridades sean exitosas. 

Cuando los delincuentes se consolidan en un territorio, pueden disminuir la violencia, pero siempre acrecientan el miedo y el pánico entre los ciudadanos, para perpetuar su impunidad. Los delincuentes buscan territorios donde la legitimidad de la autoridad está cuestionada.

Estamos construyendo ciudades generosas con los delincuentes. Se sabe donde habitan los delincuentes, pero las autoridades no los ven. Se sabe dónde se cobran “vacunas” y extorsiones. Se conoce dónde se vende la droga. Se conocen los territorios urbanos que están escriturados a los ilegales. Se ven en torres de energía del estado símbolos que señalan que una banda delincuencial domina un territorio público determinado. Se sabe que la delincuencia es dueña de calles y territorios completos. Se sabe que hay delincuentes dueños de semáforos que cobran vacunas a quienes se instalen cerca. Se sabe que mucha parte del espacio público se los han repartido los ilegales a ojos vistos. 

Y todo ayuda a propagar la ilegalidad urbana. Pareciera que la Autoridad se ha vuelto ciega; La sociedad civil no denuncia por miedo y pánico y  la policía no ve o no va por donde habitan los delincuentes.

Algo está muy mal. No siente la ciudadanía que hayan estrategias de las autoridades para evitar que las ciudades queden en manos de la delincuencia. Se entroniza en los territorios urbanos una cultura de la ilegalidad apropiada para que prospere la delincuencia. La ciudad parece cómoda para ser delincuente. Ya hasta parece honroso ser delincuente. Muchos ilegales ya ni se esconden, actúan a ojos vistos y se sienten orgullosos de su condición. Ser delincuente da jerarquía social en su barrio. Les da respeto. Los hace ver superiores. Ser delincuente se está convirtiendo en un degradante título de nobleza. 

Los delincuentes están construyendo lentamente la Ciudad del Pánico. Están avanzando en la Ciudad del Miedo. Ciudad del amedrentamiento. Miedo y Pánico son dos estrategias favoritas de la delincuencia.

La Ciudad necesita Autoridad y Mano Firme de los gobernantes contra los delincuentes. Necesita un examen severo a la eficacia de la Policía. Necesita ciudadanos libres con garantías para alertar sobre el delito. Necesita erradicar el divorcio entre el Ciudadano de bien y la Policía. La ciudad necesita una policía que no se deje conmover por la delincuencia.

La Paz de Colombia se inicia con la paz en las ciudades. Si no derrotamos la impunidad urbana, la delincuencia arrasará con la legalidad en las ciudades.