Con esta afirmación y con la tesis según la cual ninguna entidad puede negarse a definir unas tarifas justas, el gerente Político de la Campaña Firmes por Medellín, Óscar Darío Pérez Pineda, les demostró al alcalde de Medellín, Alonso Salazar, y al gerente de EPM, Federico Restrepo, que la propuesta no tiene nada de populista y sí mucho de realista.
“Por supuesto que se puede”. Con esta categórica frase el ex congresista Oscar Darío Pérez Pineda, reconocido a nivel nacional por su conocimiento de los temas financieros, concluyó sus argumentos a favor de la propuesta del candidato Luis Pérez de rebajar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios para los usuarios de EPM.
Pérez Pineda le pidió al alcalde Alonso Salazar Jaramillo que se aparte de la idea de atacar una campaña política, al calificarla de populista por iniciativas como ésta y, más bien, abra el debate que la ciudad necesita: el ciudadano debería obtener un beneficio directo de las ventajas comparativas que tiene EPM en la producción y distribución de energía.
Salazar dijo ante los medios de comunicación que no se podía engañar, a su juicio, a Medellín con el argumento según el cual “no sólo es factible sino urgente una disminución tarifaria”, sabiendo de antemano que esa decisión no depende de un alcalde ni de una Junta Directa, sino que la define la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG-.
El alcalde Salazar, para defender su tesis, puso de ejemplo dos situaciones. La primera, que la CREG dispone unos topes mínimos (léase cargos fijos) y, en defensa de la competencia leal y como incentivo a la ley de la oferta y la demanda, sanciona a las empresas que violen esos rubros.
La segunda, es que como durante la administración de Pérez Gutiérrez, entre 2001 y 2003, Empresas Públicas había reducido las tarifas y se había bajado de los topes, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se vio en la necesidad de sancionar a EPM.
Pérez Pineda explicó que los dos argumentos son, en parte, verdaderos, pero que les faltan otras explicaciones que demostraría que Luis Pérez actuó en consecuencia y, en la actualidad, podría volver a hacerlo si hace el procedimiento solicitado por la ley y por al CREG.
El Jefe de Debate de la Campaña FIRMES por Medellín dijo sobre el segundo argumento que, en efecto, existió la sanción pero no porque EPM estuviera violando los topes, sino porque la Superintendencia consideró que, tal vez, no hizo la suficiente socialización o divulgación de la medida y que, en última instancia, eso podría incurrir en una práctica desleal.
Recordó que la Procuraduría General de la Nación conformó una comisión de “alto nivel y conocedora del tema de los servicios públicos” para adelantar una investigación disciplinaria contra EPM por esos mismos hechos y, al término de la misma, no halló méritos para sanción alguna, “porque entendió que nunca existió tal irregularidad”.
Ahora, sobre el asunto puntual, de si se puede o no rebajar las tarifas de servicios públicos, Pérez Pineda hizo énfasis en que sí se puede si hay voluntad política para hacerlo.
Reconoció que “el sartén por el mango”, en este caso lo tiene la CREG, pero dijo que si EPM le demuestra que hay fallas o malos cálculos en la fórmula que fija para determinar el cargo fijo, esa entidad podría, entonces, aprobar esa reducción.
Puso de antemano la credibilidad y experiencia de Empresas Públicas para demostrar que sus ventajas comparativas le darían la razón para bajar las tarifas sin que ello pueda interpretarse como competencia desleal.
“Dentro de esos parámetros existen algunos aspectos puntuales, como las pérdidas negras, que no son las mismas en EPM, por ejemplo, que en Electrocaribe”, y sostuvo que es evidente, por el acceso al recurso, que el servicio de acueducto cuesta más caro en Bogotá que en Medellín.
“Si no se pudiera; entonces, no ocurriría el fenómeno que el mismo alcalde Salazar explicó” y es que, en algunas ocasiones, EPM ofrece las tarifas más bajas o las segundas más baratas del mercado nacional, en acatamiento a esas fórmulas y a esos cálculos.
“Se necesita voluntad”, dijo Óscar Darío Pérez. Por ejemplo, “se puede acudir a la CREG, una entidad pública, cuyos miembros son de carne y hueso, a decirle usted está equivocada en este aspecto de la fórmula”, siempre que ese cálculo se haga defendiendo el mercado, respetando las reglas de juego y, lo más importante, en busca de un beneficio social, “porque no nos olvidemos que EPM es patrimonio de todos los antioqueños y tenemos que actuar en esa dirección”.
“Nadie puede negarse a intervenir para que las taifas sean justas y no creo que la CREG no pueda recibir ninguna recomendación en ese sentido”. Por eso, cualquier acción que se emprenda con ese objetivo loable de bridar bienestar general y dignidad humana, hay que hacerla. Sin descuidar otro tipo de estrategias como la “Energía Prepago”, que debe llegar a los 200 mil usuarios pero que apenas va en 60 mil personas en Antioquia, hay que actuar pensando en que los réditos de EPM deben ser prioritariamente sociales y no financieros.
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